Tragedia ocurrió en distrito limeño de Villa El Salvador y además de las víctimas humanas hubo destrucción de locales comerciales y viviendas. El luctuoso suceso puso en el tapete la falta de medidas de seguridad en el transporte de combustible en nuestro país, pero nada ha cambiado y esperemos que algo así no vuelva a repetirse.

El 23 de enero de 2020 la fuga de gas licuado de petróleo (GLP) de un camión cisterna que pasaba por el distrito de Villa El Salvador, en Lima, produjo una explosión que dejó el fatídico saldo de 34 personas muertas y 50 heridas. Como siempre, producido el hecho, las autoridades se lavaron las manos y no asumieron responsabilidad directa. Por ello, a 6 años de ese día negro nada ha cambiado: la informalidad que puede causar un caso igual está latente.

Aparte de las víctimas humanas, también hubo destrucción de locales comerciales y gran cantidad de viviendas. Las secuelas físicas y psicológicas aún las sufren muchos afectados, quienes se quejan de no haber recibido la ayuda del Estado y menos haber hallado justicia.

El camión que llevó la muerte ese día era conducido por Luis Guzmán Palomino, quien al intentar pasar por un desnivel impactó fuertemente con este, rompiéndose una válvula que se encontraba en la parte inferior del vehículo y provocó una fuga. Guzmán trató, sin éxito, de cerrar la válvula. Por ello, empezó a gritar a las personas para que se alejen del lugar. A los 10 minutos, se produjo la terrible explosión.

Luis Guzmán fue condenado a 5 años de prisión suspendida, lo cual fue considerado una burla hacia las víctimas mortales y los deudos. Vale preguntarse, ¿se ha sacado alguna lección del hecho luctuoso? Al parecer no. No se necesita ser adivino para darse cuenta de la informalidad en que se vende, transporta o almacena los diversos tipos de combustible en Perú.