a Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita la condena de 5 meses de prisión y la multa de 1.400 euros para el operario de una empresa por un derrame de 400 litros de gasoil en una casa de Castrillón, parte de los cuales se filtraron por el subsuelo al río Ferrería. La vista oral está señalada el próximo martes 9 de septiembre en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Avilés, a las 9:30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el 13 de marzo de 2019 el acusado, como operario de una empresa, se hallaba en una vivienda en Castrillón para suministrar gasoil, cuando tras colocar la manguera en la boca del depósito y arrancó la bomba y, sin comprobar antes que el suministro se estaba desarrollando sin incidencias y sin adoptar precaución alguna, abandonó el lugar y se dirigió al garaje para expedir la correspondiente factura.

Mientras tanto, la manguera se salió del depósito y los 400 litros de combustible se derramó por el suelo, filtrándose parte por el subsuelo al río Ferrería, cuyo cauce está próximo a la casa. Tras el incidente, los análisis de las aguas del río mostraban concentraciones de hidrocarburos que suponían un riesgo medio ambiental. La empresa se hizo cargo de las labores de limpieza de residuos hasta restituir el río a su estado anterior al derrame.

El propietario de la vivienda fue indemnizado por los daños causados en el garaje y en la caldera con 5.149 euros por la empresa aseguradora, y la consejería de Medio Ambiente no llegó a facturar daños por el vertido de gasoil. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente causado por imprudencia grave, por los que solicita que se condene al acusado a 5 meses de prisión, 8 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con el transporte de mercancías peligrosas durante 9 meses.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al propietario de la vivienda afectada con el importe que se acredite en ejecución de sentencia por los perjuicios sufridos durante el tiempo que no pudo utilizar la caldera y el garaje, más los intereses legales correspondientes, informa Efe.