Durante el tiempo que estuvo vigente el dispositivo de seguridad vial, fueron denunciados siete conductores que arrojaron un resultado positivo en tests de drogas, según han informado fuentes de la propia Policía Local. Sin embargo, resulta aún más flagrante el caso de un conductor de camión que además transportaba mercancías peligrosas, en concreto ácido sulfúrico. Se dirigía desde Avilés a Lleida.

Los agentes de policía le dieron el alto. Conducía una cabeza tractora con semirremolque y en la primera prueba del test dio positivo en consumo de drogas, por lo que el vehículo fue inmovilizado.

En este tipo de casos, tal y como señalan desde Pyramid Consulting, la ley sobre Tráfico, en su artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015 señala que 'no puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10”.

Asimismo, la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece que este incumplimiento puede suponer para el conductor una multa de 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir.

Para que la prueba resulte legal y fiable las autoridades deben cumplir una serie de requisitos. El primer test se hace mediante una muestra de saliva que permite hasta un total de cinco sustancias: anfetaminas, cocaína, THC (cannabis) y metanfetaminas. Si este primer resultado es positivo se hace una segunda prueba que se precinta y envía a un laboratorio para confirmar el resultado.

En lo casos más graves, según aclara Lucía Gálvez, abogada del Departamento Jurídico de Pyramid Consulting, y si el agente de la autoridad estima que se pone en riesgo la seguridad el conductor 'se enfrentaría a un delito contra la seguridad vial con penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis'.