Los imputados son los socios administradores, una pareja de 48 y 47 años, y el responsable de tráfico de la empresa, de 30, residentes en el municipio de Abadín, que, según la investigación, gestionaban la empresa de transporte de productos a granel destinados a la alimentación. Los tres supuestamente ordenaban a los conductores que hicieran certificados falsos de haber lavado las cisternas en el lavadero de la empresa, a pesar de que se encontraban a más de mil kilómetros de distancia.
Los transportes, dicen la Guardia Civil, los realizaban entre diversos puntos dentro de la geografía española y el sur de Francia. En ocasiones llevaban aceites pesados, breas de destilación y residuos de biodiésel; y en otras, leche, vino y zumos, productos destinados al consumo humano, «no quedando garantizada la realización del lavado necesario establecido en el reglamento CE 852/2004, dado que la documentación era falseada por orden de los imputados, utilizando para ello certificados del lavadero de la empresa que eran entregados a los conductores antes del viaje».
Añaden los investigadores que a los conductores les llegaban, a través de un mensaje de texto al móvil, las órdenes de carga y descarga de los diversos productos «sin cumplir los requisitos necesarios y viéndose obligados a falsificar varios certificados de lavado de las cisternas, que unas veces transportaban productos residuales y otras materias destinadas al consumo humano, desconociéndose el riesgo real que pueda tener esta conducta delictiva para la salud pública».