servimedia.es [24/10/2014]
El Consejo de
Ministros ha aprobado este viernes la Estrategia Española de Responsabilidad
Social de las Empresas 2014-2020, con la que se quiere dotar a la economía de un
marco común de referencia que permita armonizar las distintas actuaciones que,
en relación a la responsabilidad social, se están desarrollando tanto en el
ámbito público como en el privado e impulsar la competitividad de las empresas
españolas.
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Bañez, puso de manifiesto que este documento supone el apoyo a prácticas
responsables tanto desde el punto de vista del sector público como privado, así
como 'promover una sociedad más competitiva, más integradora y sostenible'.
Además, asegura que la Estrategia se basa en los
'principios de voluntariedad, la creación de valor compartido, la
competitividad, una mayor cohesión social e inclusión social, transparencia y
sostenibilidad, y protección de derechos humanos en económica más globalizada'.
Esta Estrategia fue aprobada por el pleno Consejo
Estatal de la Responsabilidad de las Empresas (Cerse) en su reunión del pasado
mes de julio, consta de cuatro objetivos, diez líneas de actuación y sesenta
medidas concretas de actuación, que deben ser evaluadas.
Las diez líneas de actuación en las que se
articulan las medidas son la promoción de la responsabilidad social; la
integración de la RSC en la educación, formación e investigación; el buen
gobierno y la transparencia; la gestión de recursos humanos y el fomento del
empleo; la inversión socialmente responsable e I+D+i; la relación con los
proveedores; el consumo responsable; el respeto al medio ambiente; la
cooperación al desarrollo; y la coordinación y participación.
Las medidas se han dividido de acuerdo a su grado
de prioridad. Así, hay doce que se han identificado como 'muy alta', entre las
que figuran la puesta en marcha de un procedimiento de publicación de memorias
de RSC; el desarrollo de una herramienta para el envío de este tipo de
documentos; la creación de una web específica sobre responsabilidad social; el
impulso de prácticas de buen gobierno; promover los informes de buen gobierno y
sosteniblidad entre las empresas del sector público; fomentar la fiscalidad
responsable; impulso de actuaciones para luchar contra el fraude laboral y
fiscal, así como la economía sumergida; promoción de la ética y la transparencia
en las organizaciones; impulsar la RSE como mecanismo para fortalecer la imagen
de España; fomentar la elaboración de informes anuales; garantizar el
cumplimiento de los derechos humanos; y poner en marcha mecanismos de
coordinación entre la Administración central y las comunidades autónomas.
PRIORIDAD ALTA
En el capítulo de prioridad 'alta' se encuentran
dieciocho medidas, entre ellas la promoción de criterios de RSC; el fomento de
prácticas de responsabilidad social entre pymes y entidades de la economía
social; el impulso de actuaciones que favorezcan la diversidad y la igualdad de
oportunidades; potenciar la contratación indefinida; y la gestión de la cadena
de suministros responsable, entre otras. Respecto a las que han sido calificadas
como prioridad 'media' figuran 30 medidas.
El seguimiento del cumplimiento de estas medidas
será coordinado por la Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, que propondrá al Cerse un
grupo de trabajo que establezca los indicadores de seguimiento, resultado e
impacto en relación con cada una de las iniciativas.
En base a éstos se realizará un informe anual que
se presentará tanto a dicho Consejo como a la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Sociales, donde se reflejará el grado de ejecución y de desarrollo de la
responsabilidad social en España.
Por otro lado, en la Estrategia se asegura que el
Ministerio debe habilitar los medios precisos para que el Cerse 'se constituya
como Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas en España', tal y
como establece el real decreto de su constitución.
Sus actuaciones se centrarán en la elaboración de
un modelo para promover que las empresas del sector público elaboren informes de
buen gobierno y responsabilidad social. También tendrá que hacer una guía de
buenas prácticas en materia de inversión socialmente responsable, así como la
realización de un estudio y análisis de un informe sobre derechos humanos y
empresas, entre otros aspectos.