Dieciocho personas fallecieron en Asturias el pasado año mientras desarrollaban su ocupación o se desplazaban al puesto de trabajo. En términos generales, la siniestralidad repuntó un 1,68%, al pasar de 11.306 a 11.496 accidentes en 2018. De ahí la importancia que puede suponer la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que planteaba el PSOE en su programa electoral.
La idea es que «ocupe un lugar central en las empresas, especialmente en los sectores con mayor siniestralidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género, valorando los riesgos profesionales específicos para la salud y seguridad de las mujeres; e incluyendo también a las trabajadoras y los trabajadores autónomos en la normativa». Así, los socialistas proponían incluir mejoras en la recogida de datos para que los cánceres profesionales y los riesgos para el aparato locomotor y psicosociales no pasan inadvertidos por su falta de declaración y notificación.
Además, la modificación de Ley de Prevención de Riesgos incorporaría el tratamiento y la prevención de los riesgos emergentes, provocados por la expansión de las tecnologías de la información, la automatización y la introducción de nuevas sustancias químicas.