La empresa García Carreño e Hijos SL, cuya actividad de gestión de residuos peligrosos está suspendida desde hace un año por presuntas irregularidades ambientales y urbanísticas, y sobre la que además pesa una imputación judicial por presunto delito contra el medio ambiente, está en el punto de mira de la Guardia Civil y de la Consejería de Medio Ambiente por supuestas nuevas anomalías. A todo ello se suma la presión vecinal y de grupos ecologistas y políticos para el cierre definitivo de las instalaciones que la firma tiene en Molinos Marfagones.
A raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita y técnicos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad realizaron hace un mes una inspección en una nave-taller propiedad de la empresa. En este inmueble, situado en Los Patojos, cerca de la planta sobre la que pesa la orden de paralización, los especialistas constataron el almacenamiento de gran cantidad de bidones.
«Actualmente, se investiga el origen y la tipología de los residuos allí almacenados», informó al diario 'La Verdad' un portavoz del Instituto Armado. Y otro de la Consejería precisó que este último organismo dio veinte días a la compañía para que le facilitara información sobre la «caracterización» del contenido de los contenedores, así como sobre el origen del material y a qué gestor final está previsto entregarlo. De igual forma, la Comunidad instó a García Carreño e Hijos SL a presentarle un plan de retirada de la mercancía, que deberá realizarse bajo la supervisión de la Dirección General de Medio Ambiente.
En un comunicado, Ecologistas en Acción aseguró que en la nave hay concentrados de forma irregular 250.000 litros resinas fenólicas procedentes, supuestamente, de la fábrica de plásticos que Sabic Innovative Plastics tiene en La Aljorra. Esta última empresa lo negó.
El colectivo naturalista, que reclamó más medios humanos y presupuesto para el Servicio de Inspección y Control Ambiental de la Comunidad, advirtió de que se trata de un material que «debería estar en un vertedero de residuos peligrosos de Sevilla». Ecologistas en Acción añadió que a ello hay que sumar otros 100.000 litros de «una sustancia viscosa cuya composición y procedencia están sin identificar ni etiquetar, lo que supone un enorme riesgo para la seguridad, la salud pública y el medio ambiente». Fuentes de García Carreño aseguraron que, a raíz de la inspección, la empresa ya ha presentado alegaciones ante la Comunidad y que todas las actividades relativas a la nave de Los Patojos (en la antigua carretera nacional que une Cartagena y Mazarrón) cumple con las leyes.
Ecologistas en Acción El grupo municipal Cartagena Sí Se Puede (Podemos) denunció ante el Juzgado de Instrucción 2 de Cartagena el presunto almacenamiento ilegal. Y, aunque solicitó su incorporación como acusación popular en la causa abierta contra la empresa por un presunto delito ambiental en Molinos Marfagones, la juez ha denegado esa personación. La formación política recurrirá. Desde julio del año pasado, la mercantil tiene prohibida la entrada y salida de mercancías y de residuos en Molinos Marfagones; entre tanto, tramita ante el Ayuntamiento la licencia urbanística de la ampliación de las instalaciones. Según fuentes municipales, la concesión de este permiso se ha complicado por la anulación del Plan General Municipal de Ordenación Urbanística por parte del Tribunal Supremo y la entrada en vigor de una norma transitoria mientras no se elabora uno nuevo.
La empresa ha pedido una autorización ambiental integrada. En el plazo de exposición pública, el Ayuntamiento hizo constar la existencia de una cédula de compatibilidad urbanística que fue emitida de acuerdo al Plan anulado. Además, con los votos a favor de PSOE, MC y Podemos, el Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Molinos Marfagones aprobó en febrero una moción contra la actividad de la planta.
