Los principales grupos políticos reclaman al Gobierno el establecimiento de un conjunto de medidas disuasorias para combatir el retraso intencionado de los pagos. Además solicitan la puesta en marcha de campañas divulgativas específicas para concienciar a todos los agentes económicos de la necesidad de cumplimiento de los plazos de pago a sus proveedores y acreedores.
Por último consideran que se debería exigir en las licitaciones públicas a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago a las empresas que subcontratan.
Legislación sin efecto
Después de la última reforma de la Ley de lucha contra la morosidad, aprobada en 2014, se estableció un plazo “normalizado” de pago de 30 días contados desde la entrega del bien o la prestación del servicio, incorporando además una norma imperativa que prohíbe que el plazo de pago pactado entre las partes supere los 60 días naturales. 'Sin embargo, en la práctica, la falta de un régimen sancionador que penalice el incumplimiento de dicha prohibición ha permitido la carencia de efecto real de dicha norma legal, provocando una mayor tensión en las relaciones comerciales', apuntan desde Fenadismer.
El Observatorio de la Morosidad, que mensualmente elabora Fenadismer en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, muestra que el 70% de los clientes de los transportistas no cumplen los plazos máximos establecidos por la ley, habiéndose situado el plazo medio de pago en 2016 en 85 días.