El Gobierno tramita un Real Decreto sobre el traslado de residuos entre comunidades autónomas que supondrá un ahorro superior a los 45 millones de euros. Subsumirá la actual normativa sobre residuos peligrosos.

El Gobierno está tramitando un Real Decreto sobre el traslado de residuos entre comunidades autónomas que supondrá un ahorro superior a los 45 millones de euros, según se valora en la memoria económica de la nueva norma.

La próxima regulación sustituye al Real Decreto 833/2011, relativo al traslado de residuos peligrosos, si bien ahora se contempla el traslado de todo tipo de residuos desde el territorio una Comunidad Autónoma a otra, para su valorización o eliminación.

El traslado dentro del territorio de una misma Comunidad quedará supeditado a las reglas que ésta decida establecer, siempre de acuerdo con el margo legislativo estatal y comunitario.

Unos 450.000 traslados de residuos año

Cada año se realizan unos 200.000 traslados de residuos peligrosos entre comunidades autónomas, para que sean tratados en plantas adecuadas. También hay unos 250.000 traslados de residuos peligrosos dentro de la misma Comunidad.

La regla anterior exigía la notificación de cada una de estas trasferencias, ocasionando unos costes administrativos de 46,68 millones de euros; la nueva regla sólo exige una notificación previa con tres años de validez, siempre que no se modifiquen las condiciones de los traslados. La medida, junto con la tramitación electrónica, reducirá la factura actual hasta los 880.000 euros anuales y la mayoría de este ahorro recaerá en las administraciones autonómicas y locales.

El nuevo Decreto también regulará los supuestos en que las comunidades autónomas pueden rechazar determinados residuos, para garantizar la unidad de mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había alertado de las prácticas de algunas comunidades autónomas ?sin citar ninguna? de establecer auténticos ?monopolios territoriales?.

Según el regulador, gracias al establecimiento de barreras administrativas, como el otorgamiento de la declaración de servicio público, se evitaba la competencia: ?aunque fuera económicamente racional acudir a un prestador de otra Comunidad Autónoma, la oposición al traslado de residuos garantiza unas rentas seguras a los incumbentes?.

Quejas de patronales, sindicatos y ecologistas

Los colectivos ecologistas consideran que la nueva normativa no debería permitir el traslado de residuos si ello supone darles un tratamiento menos riguroso, como sustituir el reciclado por la incineración o el vertido. También critican que no se regule el tráfico de residuos con los países europeos y extracomunitarios, algo exigido por la legislación de la UE.

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre), la patronal del sector, denuncia que la falta de control y las prácticas ilegales ya existentes con el sistema anterior, más exigente que el nuevo, han llevado a que la actividad y el empleo de sus asociados haya caído a la mitad en los últimos cinco años. Los sindicatos comparten el análisis.