El decreto de 2011 está repercutiendo negativamente en el sector, que suma 14 empresas y unos 400 trabajadores.

PP y PSOE pidieron ayer que se modifique el decreto de 2011 que regula los niveles de cromo permitidos en la industria del curtido. Éste, advirtieron, afecta negativamente al sector que desarrolla su actividad en la ciudad y exigieron que se recuperen los niveles de calidad anteriores a esa legislación.

La diputada del PP Ana María Aquilino defendió ante el Pleno una moción en ese sentido. Recordó que el sector del curtido del municipio ha estado presente en la zona desde la Edad Media, y tiene un papel esencial en la creación de riqueza local y de empleo estable.

No obstante, el sector atraviesa importantes dificultades, no solo por la crisis económica, sino también por la legislación medioambiental vigente desde 2011, muy restrictiva con los límites máximos de cromo permitidos, lo que hace casi inviable el sector. Aquilino indicó que los límites de la legislación española sobrepasan la normativa europea, que pide una reducción del cromo, no su eliminación, e insistió en que no hay que demonizar ese elemento, que existe en la naturaleza y que es básico para la industria del cuero.

Asimismo, señaló que la sustancia tóxica de ese elemento es el denominado 'cromo VI', y no el 'cromo III', por lo que no se deben establecer los mismos objetivos de calidad para ambos. Por eso, pidió que se restablezcan las diferentes categorías que recogía la legislación anterior a 2011, algo con lo que estuvo de acuerdo el diputado del PSOE Manuel Soler, que recordó que el sector llegó a contar en la ciudad en sus mejores momentos con más de 1.200 empleados.

IU rechaza la propuesta

Catorce empresas de cuero dan empleo directo en el municipio a unos 400 trabajadores, que ven peligrar sus empleos por la competencia de terceros países, pero también por la legislación medioambiental. Cumplir con los niveles de cromo establecidos, dijo, pone a estas empresas en una situación complicada y con serias dificultades. En cualquier caso, sí pidió mayor vigilancia en los niveles del 'cromo VI', de manera que se proteja el medio ambiente, pero también al sector del curtido. En cuanto a IU-V, su diputado, José Antonio Pujante, votó en contra de la propuesta ya que consideró que da un paso atrás y retrotrae a la legislación de 1986.

La moción es idéntica a otra presentada en el Ayuntamiento, pero se eliminó un párrafo significativo, dijo, en el que se hacía referencia a un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y se preguntó por qué se obvia ese punto. El problema del sector del curtido, dijo, no es la legislación, sino la deslocalización de esa industria, que se ha trasladado a países del tercer mundo, donde la mano de obra es mucho más barata y las condiciones laborales rozan la explotación.