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El herbicida glifosato, autorizado cinco años más

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La decisión de Europa de ampliar su licencia de uso no contenta a nadie: productores de fitosanitarios y agricultores esperaban una renovación de 15 años y los ecologistas y la ciudadanía se lamentan de que no se ha aplicado el principio de precaución ni se han escuchado las propuestas del Parlamento

La Comisión dictamina que los estados miembros pongan especial atención en la protección del agua subterránea en áreas vulnerables; en la protección de los operadores y usuarios aficionados; en el riesgo para los vertebrados y plantas que no sean el objetivo de los tratamientos, etc.

La Comisión dictamina que los estados miembros pongan especial atención en la protección del agua subterránea en áreas vulnerables; en la protección de los operadores y usuarios aficionados; en el riesgo para los vertebrados y plantas que no sean el objetivo de los tratamientos, etc.

Con esta última votación que autoriza su uso durante otros cinco años (y no durante 15 que es lo habitual para estas sustancias), se cierra un capítulo en esta guerra ya larga y cargada de recelos empresariales, demandas e informes sobre su seguridad en una y otra dirección. Una batalla que llevaba un año en suspenso cuando se decidió prorrogar la licencia un año por falta de acuerdo entre los países europeos.

Y es que el glifosato es el herbicida estrella del campo. Sólo en España hay más de cien productos autorizados para la agricultura, la jardinería y la aplicación doméstica, según datos de Greenpeace. Su uso se ha expandido por todo el mundo desde mediados de la década de los 70, pero se popularizó aún más desde que en el año 2000 se liberalizara la patente que tenía Monsanto; el mercado se llenó de competidores y bajó le precio hasta los dos euros el litro (frente a los 30 que costaba en los 90). Su efectividad contra las malas hierbas y su bajo coste han hecho que los productores agrícolas (no así los de producción ecológica, que no usan este herbicida) sean claros defensores de esta sustancia, mientras que informes como el de la OMS en 2015 que lo calificaba de posible cancerígeno han despertado el rechazo de las organizaciones ambientalistas y el recelo de la ciudadanía. Los estudios científicos, por hacerlo breve, van en una y otra dirección. La agencia química de la UE contradecía en mayo a la OMS afirmando que no lo considera cancerígeno y lo mantenía como sustancia tóxica para la vida acuáticas.

Renovación sin precedente

La decisión de esta semana resulta un poco salomónica, una vía intermedia que no ha contentado a nadie. Ni siquiera al sector de fabricantes de fitosanitarios. Para Carlos Palomar, director de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, Aepla, «el glifosato ha cumplido todos los requisitos para una renovación completa por 15 años. No hay bases científicas, ambientales o de salud para que la renovación de su autorización fuera por menos del límite máximo permitido, 15 años. La decisión de renovarlo por 5 años, y no por 15 como establece la normativa europea, sienta un injustificado y preocupante precedente, pues significa romper el marco regulatorio del que se han dotado los ciudadanos de la UE».

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores se ha posicionado al lado del resto de organizaciones agrarias europeas integradas en el COPA-Cogeca: «Esta decisión aporta de una vez seguridad jurídica y tranquilidad a los agricultores europeos, aunque mantenemos que la renovación debería haberse ampliado hasta los 15 años, puesto que las agencias europeas encargadas de velar por la seguridad de los alimentos y de los productos químicos, AESA y ECHA, respectivamente, han emitido sendos dictámenes favorables a su renovación completa».

Las organizaciones ambientalistas tampoco están contentas con el resultado, aunque imaginaban que podía suceder algo parecido a lo que ha ocurrido. También insisten en que no se trata de una guerra entre ecologistas y agricultores, sino que habría bastado con aplicar el principio de precaución. «Hace un mes, el Parlamento Europeo lanzaba una petición de prohibir el glifosato totalmente en cinco años. Pedía una transición para que se deje de usar este herbicida, que fuera costeado dentro de la Política Agraria Común. Se pedía una prohibición total para usos particulares dado que su exposición es peligrosa si no se tienen los conocimientos adecuados. También se solicitaba la prohibición en parques y jardines y para ciertos usos que no tienen que ver con las malas hierbas, como el secado de los cereales porque dejan mucho residuo. La intención era que se utilicen los fito-sanitarios sólo como última opción, en lugar de como la primera, que es lo que sucede ahora. Nos da pena que no se haya prohibido, pero también que la opinión de Parlamento y la voz de la ciudadanía no hayan sido escuchadas», explica Kistiñe García, portavoz de Ecologistas en Acción. Hay que recordar que durante meses ha habido una campaña de firmas contra el glifosato con casi tres millones de apoyos, en la que se pedía no sólo la prohibición de este sustancia, sino garantías sobre la transparencia en los procesos de renovación de licencia de los productos fitosanitarios.

Para ellos la visión de que esto es una guerra entre ambientalistas y agricultores es falsa. «Nadie quiere vender productos envenenados, pero a muchos agricultores les han dicho que era la forma de trabajar y las autoridades les han afirmado que estos productos son seguros y ellos han confiado. En este tema, los consumidores tenemos mucho poder con la decisión de lo que comemos», continúa García. Hay que recordar que España, con dos millones de hectáreas (95,5% del total de superficie cultivada), es el país europeo con más tierra dedicada a producción ecológica.

En esta última votación a favor de mantener el glifosato se han posicionado España (principal consumidor de fitosanitarios de Europa), Dinamarca, la República Checa, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Hungría, Holanda, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Bulgaria, Alemania, Rumanía y Polonia. En contra votaron Bélgica, Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Luxemburgo, Malta y Austria, mientras que Portugal se abstuvo. A pesar de la autorización, el gobierno francés anunciaba tan sólo unas horas después, su intención de prohibir totalmente su uso en menos de tres años.

Desde el sector de la agricultura ecológica se posicionan con cierta alarma a pesar de que su producción no consiente el uso de este producto herbicida. «Creemos que la decisión ha sido un poco intermedia ante la falta de acuerdo, pero lamentamos que no se haya aplicado el principio de precaución. El sector ecológico tiene otras armas para combatir las malas hierbas, pero el uso de productos tóxicos nos influye puesto que puede haber contaminación por los insumos liberados en el medio. Tal y como está el reglamento, si se produce alguna contaminación es el productor ecológico el que se queda sin vender sus productos», explica Évelyne Alcázar, directora del área Internacional de la asociación de productores ecológicos Ecovalia.


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