| El pleno del Consejo de Fomento de la Economía Social --presidido por la secretaria de Estado de Empleo, Maravillas Rojo-- aprobó ayer el texto de la futura Ley de Economía Social. Ahora, el documento deberá remitirse al Consejo Económico y Social (CES) y, posteriormente, al Consejo de Ministros, que probablemente aprobará la normativa a lo largo del mes de junio.
Según destaca el Consejo de Fomento de la Economía Social en un comunicado, la aprobación de esta normativa forma parte del compromiso que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adquirió el pasado mes de febrero con la Confederación empresarial española de la Economía Social (CEPES), en un acto celebrado en Madrid bajo el lema 'Economía Social: Empresas comprometidas con el empleo, competitivas y sostenibles'.
Desde CEPES consideran que esta Ley 'define un marco legal para la Economía Social, atendiendo a sus rasgos más característicos y acogiendo la diversidad de todas las familias empresariales que la componen', como cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, centros especiales de empleo, empresas de inserción, cofradías de pescadores, así como fundaciones y asociaciones.
Además, aseguran que la normativa 'reconoce la contribución de la Economía Social al desarrollo socio económico y define los canales de interlocución entre las organizaciones representativas de la Economía Social y las Administraciones públicas'.
En este sentido, el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, afirmó que 'ante la actual situación económica, se está reconociendo el papel de las empresas de Economía Social en el mantenimiento y en la creación de empleo'.
Pedreño enumeró algunos de 'los principios por los que se rigen las empresas de Economía Social y que se explicitan en el texto de la Ley', como la participación de los empleados en la empresa o la introducción de valores como la democracia, la responsabilidad social o el respeto ambiental.
El Consejo para el Fomento de la Economía Social está compuesto por todos los departamentos ministeriales, por todas las comunidades autónomas, por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por vocales en representación de los organismos del sector de Economía Social y por expertos. |
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