La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a cuatro personas a 12 años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, tras demostrarse que desviaron más de 2.000 neveras y las trituraron sin controles ambientales, lo que supuso un perjuicio a los sistemas naturales y a la salud de las personas. La sentencia, dada a conocer la pasada semana, impone además que cuatro de los condenados indemnicen a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid con casi 51.000 euros, cuantía de la que deberán responder subsidiariamente las empresas de gestión de residuos donde trabajaban.

A lo largo de medio centenar de páginas, el fallo judicial hace hincapié en la gravedad de las consecuencias medioambientales de los delitos cometidos entre 2007 y 2010, perjudicando tanto al equilibrio de los sistemas naturales como a la salud de las personas.

La norma española y comunitaria obliga a que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contengan elementos peligrosos sean descontaminados, tales como neveras y aparatos enfriadores que usan tanto en sus circuitos como en las espumas que los aíslan, gases compuestos por derivados de cloro y que son las principales sustancias agotadoras del ozono. Los acusados disponían solo de permiso para el tratamiento de residuos no peligrosos.

Según los jueces, hay constancia de una actividad prolongada en el tiempo que configura 'un verdadero circuito para el desvío y explotación ilegal de los aparatos frigoríficos, detectándose un número elevado de aparatos indebidamente tratados'.

Además, al tribunal no le cabe duda de que todos los acusados eran conscientes de que manipulaban residuos peligrosos sujetos a una normativa estricta que requería su remisión a plantas de gestión específicamente autorizada, de las que en Madrid solo existe la de Retrolec, situada en Vicálvaro, pues precisamente gozaban de la condición de gestores de residuos no peligrosos.

Entre 2007 y 2010 se dedicaron a la compra de frigoríficos bajo la denominación de 'chapajo' o 'línea blanca', aunque carecían de la necesaria autorización para la gestión de residuos peligrosos.

Una vez las neveras se encontraban en sus instalaciones, procedían a su fragmentación introduciéndolos con otros residuos metálicos en la máquina trituradora de gran capacidad que tenían instalada, con conocimiento de que se liberaban a la atmósfera los gases contenidos en sus circuitos y espumas aislantes, y que tal circunstancia significaba un gran riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas.

Fragmentaron 2.236 aparatos y liberaron a la atmósfera 3.378 toneladas de CO2, lo que supuso un peligro 'muy notable' para el medio ambiente y para la salud.