Las grandes empresas deberán realizar una auditoría para mejorar su consumo energético.

Se establecen los requisitos mínimos para los profesionales, tanto auditores energéticos como proveedores de servicios energéticos.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 12 de febrero de 2016 un Real Decreto que transpone la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE en lo referente a auditorías energéticas, promoción de la eficiencia del suministro de energía y acreditación de auditores y proveedores de servicios energéticos.

Este Real Decreto, establece la obligación de realizar auditorías energéticas para las empresas de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio, las grandes empresas.

Las auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones, y deberán realizarse al menos cada cuatro años. Se estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas en España, con cerca de 27.000 establecimientos o locales.

Las empresas tendrán un plazo de nueve meses  para realizar las auditorías y podrán sustituirlas además por un sistema de gestión energética o ambiental e incorporar certificados de eficiencia energética de edificios en vigor.

Las auditorías deberán ser realizadas por empresas cualificadas y con experiencia. Recordar que las inversiones derivadas pueden recibir una ayuda y/o subvención, además de poder combinarse, en algunos casos, con deducciones fiscales. Otra opción es que sean realizadas por empresas de servicios energéticos dónde la inversión es financiada por el ahorro energético, y desde el minuto uno hay ahorro económico.

La eficiencia energética es un aspecto esencial de la estrategia europea para un crecimiento sostenible en el horizonte 2020, y una de las formas más rentables para reforzar la seguridad del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias contaminantes.

Este es el motivo por el que la Unión Europea se ha fijado como objetivo para 2020 aumentar en un 20 por ciento la eficiencia energética, objetivo que, de momento, no lleva por ahora camino de cumplirse.

La obligación de realización de auditorías energéticas y el fomento de los servicios energéticos, la fiscalidad medio ambiental y las ayudas y subvenciones son instrumentos que están en esta línea estratégica de sostenibilidad y la protección por el medio ambiente.