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REDACCIÓN

Entran en vigor nuevas normas que exigen planes de emergencia frente a accidentes industriales

Europa Press. [13/08/2012]


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Los Estados miembros estarán obligados a partir de ahora a contar con planes de emergencia para las zonas próximas a instalaciones industriales que concentran un gran número de sustancias peligrosas en previsión de accidentes graves y deberán facilitar a los ciudadanos información electrónica sobre los riesgos que entrañan dichas plantas próximas a poblaciones urbanas, según las nuevas normas comunitarias que entran este lunes en vigor. El comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha asegurado que los cambios normativos introducidos en la directiva Seveso III se traducirán 'en una mejor protección contra los accidentes graves para los ciudadanos, que participarán más en las decisiones de ordenación del territorio'. Los Veintisiete han aprobado modificar la directiva actual, que data de 1982, para reflejar los cambios introducidos a nivel internacional y europeo que afectan a los productos químicos peligrosos, pero también introducen nuevas mejoras para los ciudadanos, que deberán ser informados a partir de ahora sobre las principales amenazas derivadas de las instalaciones industriales y del protocolo de seguridad que deben seguir en caso de accidente grave. Además, los Estados miembros deberán garantizarles una mayor participación a la hora de decidir la ordenación territorial y el acceso a la justicia en caso de que no hayan tenido acceso a una información adecuada sobre los riesgos o se les haya impedido ejercer dicha participación. En este sentido, las normas que regulen la ordenación del territorio desde ahora deberán prever una distancia de seguridad 'correcta' en los planes para nuevas instalaciones e infraestructuras que se ubiquen en las proximidades de otras ya existentes, de manera que las autoridades nacionales tengan en cuenta el aumento del riesgo potencial de accidente por su cercanía y las repercusiones posibles. Las nuevas normas, que deberán ser transpuestas en las legislaciones nacionales de los Veintisiete como muy tarde el 1 de junio de 2015, introducen medidas más estrictas para las inspecciones de estas instalaciones como forma de garantizar una aplicación más eficaz de las normas de seguridad. Como norma general, los controles serán mayores para aquellas instalaciones que empleen un volumen mayor de sustancias peligrosas. Las 10.000 instalaciones fijas cubiertas por la normativa que emplean o almacenan sustancias peligrosas en cantidades abundantes, sobre todo del sector químico, petroquímico, de almacenamiento y afino de metales, deberán remitir información sobre los procedimientos para activar alertas y el protocolo que deben seguir los ciudadanos en caso de accidente grave y los Estados miembros deberán informar a todos los ciudadanos que pudieran verse afectados en caso de accidente sobre los riesgos y las principales medidas adoptadas para paliarlo. A pesar del aumento de estas instalaciones en la UE, el número de accidentes notificados se redujo un 10% entre el año 2000 y 2008, algo que según el Ejecutivo comunitario constata la contribución 'decisiva' de las normas comunitarias en la materia hasta ahora.

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