La primera restricción a camiones a una vía pública se produjo el pasado mes de diciembre, cuando El Ministerio de Fomento y el Gobierno de La Rioja prohibieron la circulación de los camiones por las carreteras nacionales N-232 y N-124 a su paso por esta comunidad autónoma, y obligándoles a desviarse por la autopista de peaje AP-68.

Frente a esta prohibición, el Comité Nacional de Transporte por Carretera recurrió por vía judicial esta resolución, al considerar la medida 'absolutamente desproporcionada e injusta, y por implicar una imposición tributaria encubierta al transporte por carretera'. Otro argumento del Comité Nacional del Transporte es que 'supone un claro incumplimiento, por parte del Ministerio de Fomento, de su compromiso de que los desvíos de camiones que se promuevan a las autopistas de peaje tengan carácter voluntario, aplicando bonificaciones para los transportistas que incentiven su uso'.

La aplicación de la restricción de circulación sobre los 150 kilómetros de las carreteras N-232 y N-124 y su desvío obligatorio por la AP-68 'está ocasionando importantes perjuicios a los transportistas que, con anterioridad, venían transitando por las carreteras nacionales, ya que ahora se les impide el acceso a los puntos de repostaje habituales, o bien para hacer las pausas obligatorias a la conducción'.

Para el Comité, 'es sangrante la regulación establecida para la entrega de mercancías con destino a alguna de las poblaciones situadas en el tramo de la carretera nacional restringida, al obligar, en muchos casos, a que el transportista tenga que hacer un recorrido superior, con el consiguiente aumento de coste de carburante y del peaje, así como del tiempo de conducción'.

Pese a que la Dirección General de Tráfico se había comprometido por escrito a flexibilizar las restricciones, incluyendo estas excepciones con motivo de la aprobación de la resolución que las restricciones a la circulación para 2018, sin embargo, en la resolución aprobada se han mantenido las mismas restricciones que el año anterior, lo que ha provocado que el Comité Nacional de Transporte por Carretera haya escrito una queja al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, exigiendo su inmediata rectificación.