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Prisión por incumplir la normativa de tratamiento de RAEEs

cienciasambientales.com []

 

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Un vecino de Soria resulta condenado a una pena de prisión de dos años, una multa de 1.840 euros y a indemnizar en la suma de 800 euros a la Junta de Castilla y León, como autor de un delito contra el medio ambiente. El acusado desmontó 631 aparatos incumpliendo las disposiciones de la normativa sobre tratamiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), y como consecuencia contaminó terreno y aguas causando un grave perjuicio al equilibrio de los sistemas naturales y un riesgo para la salud de las personas.

El Ministerio Fiscal relata en su escrito de conclusiones que J. R. F. G. almacenó, desmontó y clasificó componentes por piezas en cajones independientes de diferentes aparatos eléctricos y electrónicos contando sólo con una comunicación al Servicio Territorial de la Junta para la recogida y transporte de residuos no peligrosos pero careciendo de la necesaria autorización para la gestión de residuos peligrosos y de la licencia municipal de actividad y ambiental.

Para el fiscal, el acusado era 'consciente y con pleno conocimiento' de que con dicha actividad emitía a la atmósfera los gases contenidos en sus circuitos y espumas aislantes y los componentes de los aparatos electrodomésticos 'contaminan el terreno y las aguas causando un grave perjuicio al equilibrio de los sistemas naturales y un grave riesgo para la salud de las personas'.

Según el Ministerio Público, el condenado adquiría los aparatos eléctricos y electrónicos a terceras personas, las cuales desconocía la actividad de J.R.F.G. en la nave que tenía alquilada en el polígono industrial y con la confianza de que contaba con autorización para ello.

Según la sentencia, que es firme tras el acuerdo alcanzado ayer entre las partes antes de la celebración del juicio oral, el acusado desmontó en torno a 631 aparatos entre octubre de 2013 y enero de 2015, lo que facilitó la emisión de componentes de mercurio, 'uno de los principales contaminantes de la tierra, muy dañino para el medio ambiente y la salud' que, además, favoreció la liberación a la atmósfera de CO2. Asimismo, la Fiscalía explica que el desmontaje y fragmentación de televisores, lavadoras, vitrocerámicas, hornos eléctricos, lavavajillas, campanas extractoras, cocinas de gas, microondas, aspiradoras y baterías de vehículos, que contenían cadmio, plomo, zinc, e itryo, produjeron contaminación en el terreno y las aguas.

Como defendió ayer el fiscal, el acusado era consciente de que las 'emisiones y vertidos suponen un grave daño ambiental, en concreto las emisiones de gases refrigerantes tienen una grave afección a la capa de ozono y los componentes peligrosos vertidos al terreno durante su manipulación acaban arrastrados por las aguas de lluvia contaminando los ríos y acuíferos'.

El pasado agosto de 2015 se acordó la paralización de cualquier actividad relacionada con el depósito, tratamiento y gestión de residuos peligrosos, así como el precinto de la nave en la que se desarrollaba dicha actividad, si bien la Audiencia Provincial acordó con carácter cautelar la paralización de cualquier actividad relacionada con el depósito y gestión de residuos.


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